DOI: https://doi.org/10.19053/01227238.8023
Artículo de
investigación - Reflexión
La dictadura contra la Reforma
Universitaria. Orientación de la política universitaria en la Universidad de
Buenos
Aires (1976-1983)[1]
The dictatorship against the University
Reform. Orientation of the university policy at the University of Buenos Aires
(1976-1983)
A ditatura com a Reforma
Universitária. Orientação da política universitária na Universidade de Buenos
Aires (1976-1983)
Guadalupe A. Seia[2]
Universidad
de Buenos Aires (Argentina)
RESUMEN
En el presente artículo nos
proponemos analizar la orientación de la política universitaria de la última
dictadura en Argentina (1976-1983). Focalizamos sobre su posicionamiento
respecto de la Reforma Universitaria de 1918 y su herencia, en tanto constituyó
uno de los ejes principales de sus diagnósticos e intervención y es un aspecto
que ha permanecido poco estudiado. Abordamos los discursos de las autoridades
educativas a nivel nacional y los rectores interventores de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), principal casa de altos estudios del país. Asimismo,
describimos la aplicación de la política universitaria dictatorial en dicha
institución, dando cuenta de las transformaciones que buscaban imponerse. Por
último, reconstruimos algunos de los conflictos y disputas que tuvieron lugar
entre los actores universitarios de Buenos Aires sobre la política implementada.
Como conclusión,
planteamos la orientación antireformista de la
política universitaria dictatorial desarrollada en la UBA, fundamentalmente
contra dos de sus pilares: el cogobierno y la autonomía universitaria. Sin
embargo, sostenemos que a pesar de los objetivos propuestos por el régimen, el
movimiento estudiantil recuperó dicha tradición hacia el final de la etapa
dictatorial.
Para desarrollar este
trabajo recurrimos a una estrategia metodológica de triangulación de fuentes
primarias de diverso carácter (documentación ministerial, materiales de las
Fuerzas Armadas, normativa universitaria, discursos de autoridades, notas
periodísticas) y secundarias.
Palabras
Clave: Revista Historia de la Educación
Latinoamericana - Dictadura - Universidad - Reforma – Política.
ABSTRACT
In this article we
propose to analyze the orientation of the university policy during the last
dictatorship in Argentina (1976-1983). We focus on its position on the
University Reform of 1918 and its inheritance, as it was one of the main axes
of diagnosis and intervention and despite this fact, this is a little studied
aspect. We address the discourses of educational authorities at the national
level and the supervisors of the University of Buenos Aires (UBA), the
country's main higher education institution. Likewise, we describe the
application of the dictatorial university policy by giving an account of the
transformations that they sought to impose. Finally, we reconstruct some of the
conflicts and disputes that took place among the university actors in Buenos
Aires about the implemented policy.
In conclusion, we
propose the anti-reform orientation of the dictatorial university policy
developed in the UBA, which was fundamentally against two pillars:
co-government and university autonomy. However, we state that despite the
objectives proposed by the regime, the student movement recovered this
tradition at the end of the dictatorial period. To carry out this study we
resort to a methodological strategy of triangulation of primary sources of
diverse character (ministerial documentation, materials of the Armed Forces,
university regulations, speeches of
authorities, press releases) and secondary ones.
Keywords: Journal History of Latin American Education;
dictatorship; university; Reform - Policy.
RESUMO
No presente artigo nos propusemos a analisar a orientação da política universitária da última ditadura na Argentina (1976-1983). Nos concentramos em seu posicionamento
a respeito
da Reforma Universitária
de 1918 e sua
herança, pois foi um de seus principais eixos de seus diagnósticos de
intervenção e é um aspecto que permaneceu pouco estudado. Abordamos os
discursos das autoridades educativas em nível nacional e os reitores
interventores da Universidade de Buenos Aires (UBA), principal casa de altos
estudos do país.
Da mesma forma,
descrevemos a aplicação da política universitária ditatorial na dita
instituição, dando conta das transformações que buscavam se impor. Por último,
reconstituímos alguns dos conflitos e
disputas que tiveram lugar entre os atores universitários de Buenos Aires sobre
a política implementada.
Como conclusão,
propomos a orientação antirreformista
da política universitária ditatorial desenvolvida na
UBA, fundamentalmente contra dois de seus pilares: o co-governo
e a autonomia universitária. Todavia, sustentamos que apesar dos objetivos
propostos pelo regime, o movimento estudantil recuperou essa tradição no final
da etapa ditatorial.
Para desenvolver este
trabalho recorremos a uma estratégia metodológica de triangulação de fontes
primárias de caráter diverso (documentação ministerial, materiais das Forças
Armadas, normativa universitária, discursos de autoridades, notas
jornalísticas) e secundárias.
Palavras-chave:
Revista
História da Educação Latino-americana; Ditadura; Universidade; Reforma -
Política.
Recepción:
20/05/2017
Evaluación:
08/01/2018
INTRODUCCIÓN
La historia de las
universidades nacionales (en adelante UUNN) en Argentina durante el siglo XX
conoció sin duda un momento fundamental durante los sucesos de la Reforma
Universitaria de 1918 que tuvo lugar en los claustros de la Universidad
Nacional de Córdoba.[3]
La extensión de sus principios más importantes (autonomía universitaria,
administración y gobierno de las casas de estudio por los miembros de sus
comunidades académicas -docentes, graduados y estudiantes-, concursos públicos
para acceder a los cargos docentes, entre otros) al resto de las casas de
estudio del país y del continente fue dispar y a través de procesos más o menos
conflictivos.[4]
Pocos años después del
establecimiento de los estatutos reformistas, se dieron procesos denominados
"contra-reformistas" que limitaron o dieron marcha atrás con los
cambios precedentes. Los sectores opositores al orden reformista se
consolidaron al interior de los claustros a partir del golpe encabezado por el
general José Felix Uriburu
en 1930, el primero de numerosas incursiones militares en el poder ejecutivo.[5]
Así, las principales casas de estudio superiores fueron intervenidas.
Desde entonces, la vida
política de las UUNN se ha visto conmocionada directamente por los cambios que
tuvieron lugar a nivel del estado nacional. A grandes rasgos, con cada nuevo
golpe de estado, fueron designadas autoridades no electas por la comunidad
académica y los sectores opositores al régimen de turno fueron perseguidos.
Entre los procesos de intervención deben destacarse los de 1946-1955, 1966-1973
y 1976-1983. Los tres se iniciaron con un golpe de estado militar, en el caso
del primero continuó bajo la injerencia del gobierno peronista democráticamente
electo, y los otros dos casos corresponden a gobiernos de facto controlados por
las Fuerzas Armadas (FFAA en adelante). Durante esos años, se despidieron
docentes e investigadores, se suspendió la actividad política de los centros y
federaciones estudiantiles, así como el funcionamiento de los gobiernos
universitarios.
La Universidad de
Buenos Aires (UBA en adelante), particularmente, permaneció intervenida por el
estado nacional desde junio de 1966 hasta marzo de 1986 cuando, bajo un régimen
democráticamente electo, se volvió a reunir la Asamblea Universitaria para
elegir autoridades. La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), con sus
banderas reformistas, se constituyó como uno de los principales actores que
presentaron su oposición a las intervenciones y a las dictaduras de turno.[6]
De modo muy sintético
hemos descrito una historia universitaria en Argentina de carácter irregular,
donde la herencia reformista fue cuestionada sucesivamente. Sin embargo, su
tradición fue rescatada para proponer un modelo universitario contrario a la
injerencia directa del gobierno de turno en la vida académica y política de los
claustros. A punto de cumplirse el centenario de la Reforma Universitaria, en
este texto procuramos profundizar sobre las valoraciones que las autoridades de
la última dictadura cívico-militar en Argentina construyeron acerca de la
misma. Asimismo, analizamos de qué modo y en qué medida dichas ideas orientaron
las políticas implementadas en la principal
casa de altos estudios del país. Así, con este trabajo, nos proponemos aportar
a la comprensión de la importancia histórica de
este fenómeno universitario en la historia reciente: ¿Por qué la dictadura
quería erradicar su influencia?, ¿Qué modelo universitario proponía en cambio?
Con este horizonte,
abordamos los discursos de las autoridades educativas a nivel nacional y los
rectores interventores de la UBA y describimos algunas de las medidas
desarrolladas en dicha institución, dando cuenta de las transformaciones que
buscaban imponerse. Por último, reconstruimos conflictos y disputas que
tuvieron lugar entre los actores
universitarios de Buenos Aires sobre la política
implementada.
El texto se organiza en
tres apartados. En el primero abordamos los diagnósticos acerca
de la realidad universitaria elaborados por las autoridades educativas
y universitarias de la última dictadura. A continuación, analizamos los principales
rasgos de la universidad anti-reformista que buscaron construir desde el
Ministerio, y las tensiones que en relación con dicho proyecto surgieron entre
las autoridades porteñas y las nacionales. En el tercer apartado planteamos
algunas consideraciones acerca de la recuperación de la tradición reformista
por parte del movimiento estudiantil contra la dictadura. Finalizamos
el
texto planteando algunas reflexiones transitorias sobre el proceso analizado.
Vale destacar que en
este trabajo recurrimos a una estrategia metodológica de triangulación de
fuentes primarias de diverso carácter (documentación ministerial, materiales de
las Fuerzas Armadas, normativa universitaria, discursos de autoridades, notas
periodísticas) y secundarias.
1.
Un
diagnóstico específico para el "problema universitario"
El golpe de estado del
24 de marzo de 1976 instaló en Argentina el denominado "Estado
Terrorista" (Duhalde, 2013), caracterizado por la militarización del aparato
del
estado y un alto contenido represivo que pretendió
la aniquilación física de sus opositores y el amedrentamiento de la población a
través del terror. El dispositivo represivo incluyó el secuestro, la tortura y
la desaparición sistemática de personas así como el funcionamiento de centros
clandestinos de detención. La universidad fue uno de los terrenos donde la
represión paraestatal y estatal se asentó. Esto se hace observable en el hecho
de su inmediata intervención y en que al finalizar la etapa, más del 20% de los
desaparecidos fueron estudiantes (Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas).
Entre 1976 y 1983, el
Ministerio de Cultura y Educación (MCE en adelante) fue gestionado, luego del
breve paso del Contralmirante Guzzetti, por cinco
ministros civiles y por el Ministro del Interior.[7] Del mismo modo que en términos
generales los actores protagónicos del denominado "Proceso de
Reorganización Nacional" ("PRN" en adelante) no compartían
proyectos económicos y políticos para el país pero lograban cohesión a partir
del objetivo común de desarrollar la denominada "lucha antisubversiva"[8],
en materia educativa numerosos especialistas
han destacado que el conjunto de los funcionarios de la mencionada cartera no
compartían un único proyecto educativo y de universidad. Sin embargo, existía
acuerdo respecto de la necesidad de eliminar los "elementos
disruptivos" del orden de los claustros, que amenazaban a la nación toda.[9]
Novaro
y Palermo han afirmado que luego del ámbito sindical, el segundo frente en
orden de importancia para la represión fue el educativo y, en particular,
la universidad.[10]
Desde el mismo momento del golpe, las agrupaciones estudiantiles fueron
identificadas como "enemigas activas" y perseguidas sistemáticamente.
El objetivo era erradicar definitivamente de este espacio la acción
"disolvente" de los "elementos subversivos" y cualquier
vínculo con la universidad movilizada de fines de la década de 1960 y
principios de 1970. Esto se llevó a cabo a través de la represión, el disdplinamiento y el reordenamiento de las casas de
estudios.[11]
Las acciones
desarrolladas desde las FFAA y el MCE en el ámbito universitario se asentaban
en un diagnóstico compartido: el ámbito educativo había sido el objetivo
fundamental de las "corrientes ideológicas subversivas".[12]
El problema "más grave" se localizaba en la universidad debido a la
edad del estudiantado y la trascendencia política de la actividad. Allí,
seleccionaban entre los estudiantes cuadros políticos, gremiales y militares
para desarrollar una "guerra total contra la República" y además,
provocaban confusión y desorientación política e ideológica en la juventud.[13]
El origen de la
penetración del "enemigo subversivo" en la universidad fue
identificado por las autoridades del "PRN" en la Reforma de 1918 que
había sido influenciada por la Revolución Bolchevique de 1917.[14]
A partir de entonces, los jóvenes estudiantes habían comenzado a movilizarse y
politizarse, pensando que incluso podían y "debían" tener injerencia
en el gobierno de las casas de altos estudios. Desde 1955, la Federación
Universitaria Argentina (FUA en adelante) infiltrada por los comunistas
"copó la universidad" y logró su objetivo principal: el co-gobierno tripartito. Asimismo, con la aplicación de la
ley universitaria de 1958, tuvieron lugar los concursos que posibilitaron que
profesores formados en el exterior que eran "dirigentes marxistas"
accedieran
a las cátedras.[15]
En 1966, con la toma
del poder por parte de Juan Carlos Onganía y la
instauración de una dictadura autodenominada como
"Revolución Argentina", las UUNN fueron intervenidas. De este modo,
se procedió al desplazamiento de algunos de los docentes "marxistas"
y
se puso fin al co-gobierno y la autonomía
universitaria. Sin embargo, no lograron contener a los estudiantes
"izquierdistas" que continuaron movilizándose. En efecto, el
movimiento estudiantil fue uno de los protagonistas
de
las movilizaciones
de masas que tuvieron lugar en diferentes ciudades argentinas entre 1969 y
1972. En 1973, con el triunfo electoral de los candidatos de identidad
peronista, sostenían desde el "PRN", regresaron a los claustros
dichos docentes, produciendo "la destrucción más intensa que se conoce de
la Universidad, y el desarrollo del proceso de captación de jóvenes para
integrar los cuadros del terrorismo (,..)".[16]
Según estos documentos,
entre 1973 y 1975 "el terrorismo en el poder" había actuado en el
área educativa a través del personal jerárquico, docente y no-docente
de las instituciones
junto
con
las organizaciones
estudiantiles y gremiales de los trabajadores educativos, quienes habían
difundido de diversos modos la
"ideología marxista". Asimismo
se había utilizado bibliografía, material de enseñanza y recursos didácticos
"transmisores objetiva o subjetivamente" de dicha tradición.
Respecto de las
agrupaciones estudiantiles[17],
desde las FFAA describían su accionar: en primer lugar, ofrecían charlas individuales
sobre reclamos específicos como "comedor para los estudiantes,
bibliotecas, actitudes excesivamente rigurosas de algún profesor, autonomía
universitaria y/o ingreso irrestricto". Aquellos alumnos que "aceptan
de buena fe" esas ideas se encontraban "listos" para el
desplazamiento argumenta! hacia otros contenidos como "la universidad debe
ser para los alumnos, su gobierno corresponde a los estudiantes, o por lo menos
ha de ser tripartito, la universidad no debe ser solo para los hijos de los
ricos, las injusticias sociales".[18] Se observa la identificación
de las banderas de la Reforma Universitaria como contenidos para el
"adoctrinamiento subversivo" de los y las jóvenes. La última etapa
consistía, sostenían, en la promoción de slogans que llamaban a la "acción
directa". Para los funcionarios del régimen, una vez
que
el estudiante era "convenientemente motivado", perdía "su
condición de tal, pues se lo sacaba de la
universidad para pegar carteles en la ciudad, realizar contactos de tipo
terrorista (,..)".[19].
Según este diagnóstico,
el accionar desde las instituciones de los mencionados "sectores marxistas"
coincidió
con el "movimiento de agitación estudiantil dirigido y
capitalizado por las organizaciones terroristas". Las mismas "estranguiaron" todo intento de enseñar y aprender en
las UUNN. Por un lado, avasallaron la "libertad de enseñar" a través
de "juicios 'académicos' por 'tribunales populares'ue decretaban
la expulsión "sin posibilidad de defensa" o impulsaban "renuncias
forzosas". Por otro, el "derecho a aprender" del alumnado se vio
limitado
por
"la
agitación,
asambleas digitadas y tumultuarias, huelgas, ocupaciones de facultades e
Institutos, tiroteos y otras manifestaciones".[20]
Se observa
que el "problema universitario" quedó
subsumido al problema político-ideológico de la lucha contra la
"subversión" en el ámbito de las UUNN. En el diagnóstico de la
dictadura, la raíz del problema estaba en la herencia del Reformismo
de
1918 que estimulaba a los jóvenes a politizarse y organizarse para formar parte
del gobierno universitario. Para "neutralizar el accionar subversivo y
reconstruir la Nación", se procedió a restaurar "el orden
imprescindible para enseñar y aprender en paz", mediante la acción de los delegados
de
las FFAA y la colaboración de "civiles con alto prestigio académico".[21]
La UBA fue intervenida
en marzo de 1976 quedando bajo el control del Capitán de Navío Edmundo Said. A
los pocos meses, en agosto de ese año, se inició la etapa de gestiones a cargo
de civiles pero con la designación y el control permanente del MCE y el Poder
Ejecutivo Nacional (PEN en adelante).[22] El delegado militar condujo la
"limpieza de los claustros", procedió a "cesar en
funciones" al personal docente y no docente. Más de 150 investigadores,
profesores, auxiliares y preceptores fueron separados de sus cargos en todas
las unidades dependientes de la UBA durante los meses de la gestión de Said.[23]
Para los estudiantes se
volvió norma la exigencia para la inscripción de un certificado de domicilio
actualizado expedido por la Policía Federal y un certificado de buena conducta
o antecedentes penales. Esto se combinó con la presencia
constante de las fuerzas represivas en las instalaciones de toda la UBA. Los
controles en los ingresos de las unidades académicas por parte de personal
uniformado, en ocasiones "armados con fusiles enormes", no se
interrumpieron hasta el final de la etapa. Asimismo, en todas las facultades
había pequeñas "comisarías" de la Policía Federal. También, numerosos
testimonios retratan la presencia de agentes "de civil". Los mismos
realizaban trabajos de inteligencia y hacían un seguimiento de ciertos
estudiantes.[24]
En lo que respecta a las víctimas de la represión en la UBA, las cifras
disponibles hasta el momento indican que hubo 636 desapariciones.[25]
2. Contra la herencia reformista
Por una comunidad
jerárquica y desmovilizada
A partir de los
diagnósticos de las autoridades educativas, el sistema universitario debía ser
"aseado", "reordenado" y "redimensionado".[26]
El proceso de reorganización se orientó para revertir los pilares fundamentales
de la herencia reformista: el co-gobierno y la
autonomía universitarios. Como veremos en adelante, el primero de estos puntos
concentró un acuerdo casi unánime, mientras que la cuestión de la autonomía
suscitó debates y tensiones entre las autoridades universitarias y las del PEN
durante los primeros años de la intervención militar.
El "reordenamiento
universitario" propuesto desde la cartera educativa buscaba transformar la
estructura de gobierno y funcionamiento de la institución. En este sentido, el co-gobierno tripartito (igualitario o no), en tanto
auto-gobierno de la institución con participación estudiantil, era una amenaza
concreta ya que estimulaba la injerencia en las decisiones del estudiantado y
con ello, su politización, movilización e "izquierdización".
La ley N° 21.276
"Prioridad para la normalización de las universidades nacionales"
(1976) dispuso que el gobierno, la administración y la designación de autoridades
de las universidades fueran ejercidos por el MCE. También quedaba facultado
para resolver las situaciones "que afecten la paz, el orden interno de las
universidades y su funcionamiento normal" (Art. 4) no previstas en esta
ley y para disponer del cese del personal docente y directivo (Art. 10).
Continuaba prohibida toda actividad de "adoctrinamiento, propaganda,
proselitismo o agitación de carácter político o gremial" (Art. 7). Estas
disposiciones continuaron presentes (artículos 4, 57, 34, 39, 74) en la ley N°
22.207 sancionada en 1980.
Las autoridades
educativas y las de la UBA rechazaron la posibilidad de que la universidad
fuese gobernada por profesores y alumnos. El primer rector civil de la etapa
Alberto Constantini que como veremos insistió en la
necesidad de un gobierno autónomo de las universidades, sostenía que la
modalidad tripartita era "una razón de
desórdenes". Para el ingeniero, el gobierno de la casa de estudio debía
ser normado en términos académicos y así dar expresión a los claustros para la
"búsqueda mancomunada" de la solución a los "grandes problemas"
de la universidad.[27]
Los estudiantes podrían participar, al igual que los graduados, en una
proporción minoritaria. Para ello, se establecerían condiciones de idoneidad
(calificaciones), evitando que el cargo de delegado estudiantil fuera utilizado
con una función política. Por otro lado, afirmaba que no había que negar el
pensamiento político del alumnado "siempre y cuando no se desarrolle
dentro del ámbito universitario". En cambio, quienes esgrimieran
"argumentos para destruir nuestro estilo de vida" debían ser
desterrados de la universidad y del país. El objetivo era una universidad que
borrara "definitivamente esa imagen politizada y conflictiva".[28]
El enfrentamiento a la
"universidad reformista" cuestionaba de raíz la existencia de un demos
universitario constituido por los estudiantes y que ellos tuvieran la
posibilidad de participar igualitariamente en el gobierno de la institución. En
tal sentido, el Sub-secretario de Educación, Eduardo Ventura afirmaba en
referencia a la tradición reformista: "Queremos una Universidad y no un
soviet tumultuoso de profesores, alumnos y egresados".[29] El orden en el interior de los
claustros de la UBA debía ser jerárquico (y cristiano, occidental y
patriótico), bajo la orientación del gobierno nacional y del MCE. Estos
criterios y orientaciones primaron también en el ordenamiento para la
universidad sancionado en 1980. Allí se dispuso que la Asamblea Universitaria,
Consejos Superiores y Académicos estarían integrados exclusivamente por las
autoridades designadas por el PEN y por un número reducido de profesores
elegidos por voto obligatorio y secreto de los profesores regulares de cada
facultad. Por otra parte, dichas funciones jerárquicas en la universidad eran
incompatibles con cargos político-partidarios o gremiales.
Los rectores porteños
acordaban en el papel subordinado que los estudiantes ocupaban en la jerarquía
universitaria. Si bien debían ser escuchados, no podían formar parte del
gobierno universitario, incluso a pesar de estar formándose para desempeñarse
como "ciudadanos y profesionales de la República".
A partir de 1978, desde
la Secretaría de Asuntos Estudiantiles del Rectorado y de las diferentes
facultades, se promovió el contacto entre las autoridades y los alumnos para
recoger sus inquietudes y problemáticas.[30] El rector Lucas Lennon desarrolló una política activa de acercamiento y
diálogo con los alumnos. Se organizaron encuentros entre el rector e
ingresantes y estudiantes de cada facultad (aquellos con los mejores
promedios).[31]
Afirmaba que era sumamente importante
el "diálogo" con los jóvenes estudiantes (los "alumnos
distinguidos") para que ellos acercaran sus pareceres, preocupaciones,
molestias y demás cuestiones que para el estamento estudiantil pudieran ser
relevantes. Sostenía la necesidad de tener esas conversaciones "respetuosas,
responsables y amables" como parte fundamental de su política en la UBA.
Este diálogo, por
supuesto, no significaba efectiva participación política, los estudiantes
ocupaban un rol de discípulos en la comunidad jerarquizada que era la
universidad para las autoridades del momento. Para el mismo rector, la juventud
era el principal "destinatario" de la obra que estaban desarrollando.
Los objetivos de la educación superior solo se lograrían con "orden"
fruto de "la convivencia armónica y respetuosa de los diferentes
estamentos que componen la comunidad universitaria, por esencia
jerarquizada" donde los docentes forman y los estudiantes
"reciben" el conocimiento.[32] Se postuló una idea de
estudiante "apolítico" y, sobretodo, que no se movilizara para modificar
alguna situación, tampoco para manifestar apoyo a las autoridades. "La
política" (el cogobierno, la actividad de las agrupaciones estudiantiles,
la actividad gremial de los trabajadores e incluso la actividad partidaria de
los docentes) continuó siendo considerada como la causante de los conflictos y
los desórdenes institucionales. Lennon sostenía que
los estudiantes no debían participar del gobierno pero sí de la vida
universitaria.
Esta perspectiva
compartida también se cristalizó en la nueva ley universitaria en el artículo
36. El nuevo estatuto de la UBA (aprobado por el PEN en 1981) reglamentó que en
cada facultad debían organizarse dependencias para promover la
"participación estudiantil" de modo de prepararlos para su
"integración responsable en la comunidad nacional". Así, se lograría
orientar "sus aptitudes culturales, sociales y cívicas" a partir de
actividades artísticas, deportivas y recreativas.
Estas dependencias, además, debían posibilitar la canalización de las
inquietudes, sugerencias y peticiones de los alumnos, y funcionar
como
instancias
de información de aquellos asuntos estudiantiles tales como orientación vocacional,
ayudas
económicas, bolsas de trabajo, etc.[33] La participación que tenían
permitida los estudiantes era estrictamente recreativa y, exclusivamente, por
los medios y espacios organizados y controlados por
las autoridades.
En ese marco, se
destacó el impulso y el respaldo de los decanatos
para la creación de revistas o gacetillas estudiantiles. En general,
estas
experiencias se concentraron durante los últimos años de la etapa dictatorial
cuando comenzaban a circular mayor cantidad de materiales elaborados por
estudiantes y agrupaciones estudiantiles que no apoyaban la intervención.[34]
Las autoridades sostenían que con estos espacios y la producción de materiales
se buscaba incrementar la comunicación entre el alumnado y las autoridades.[35]
En las Ciencias Exactas, este boletín era elaborado desde el Área de Cultura de
la Secretaría con participación estudiantil y contenía notas científicas, de
divulgación, de historia, de interés general e informaciones sobre
las
actividades de la facultad y la uni- versidad.[36]
En Ciencias Económicas encontramos
una
expresión más temprana, con
constancia y efectos trascendentes en la vida estudiantil. En noviembre de 1980
se publicó el primer número de la revista estudiantil Base
Cero[37],
contando entre otras notas
con
unas palabras de estímulo a la iniciativa del
propio decano Licciardo (quien participó con
colaboraciones escritas en otros números también). La revista, vale destacar,
también contaba con la adhesión del Colegio de Graduados y del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas. Mientras que su cuerpo de redacción se
componía por estudiantes de las carreras de la facultad, su Cuerpo Asesor
estaba integrado por cuatro docentes de la casa que tenían funciones de gestión
también. Cada edición (seis números hasta diciembre de 1982) contenía notas
sobre temáticas de economía, administración y contaduría, tanto teóricas como
de coyuntura. En general las mismas eran escritas por docentes y profesionales
del área, pero también había materiales elaborados por estudiantes,
fundamentalmente entrevistas. En esa sección, sobresalieron las notas al
Ministro de Educación Burundarena; el Secretario de
Asuntos Estudiantiles de la universidad; al coordinador del Departamento de
Cultura de la Facultad; a periodistas de los principales medios de comunicación
a nivel nacional; a economistas destacados; al presidente del Colegio de
Graduados, entre otros. También había sección cultural, de humor y deportiva,
así como también espacios que retrataban e ironizaban sobre los rasgos de la
vida universitaria de dicha facultad. Asimismo, se informaba sobre diversas
reglamentaciones administrativas,
tales como las condiciones de ingreso para cada año y del arancela- miento de
los cursos, actividades académicas y culturales, etc. A lo largo de los
números, se fueron planteando como el espacio para la participación
estudiantil, para acercarle propuestas y problemáticas para que las autoridades
solucionen, contraponiéndose a la militancia estudiantil de los años setenta.
Este fenómeno es de
suma relevancia, sobre todo si consideramos que la elaboración de revistas por
parte de los estudiantes fue una de las iniciativas "desde abajo" más
relevante en las facultades hasta una mayor rearticulación del movimiento
estudiantil a partir de la Guerra de Malvinas (primer semestre de 1982). Las
autoridades crearon espacios de expresión estudiantil coordinados y orientados
por ellas para contrarrestar las actividades de los estudiantes que
tempranamente (1978) comenzaban a reunirse para hacer lo propio de manera
independiente, clandestina e ilegal. Vale destacar que a pesar de la aparición
de esos materiales oficiales, las revistas estudiantiles continuaron siendo
elaboradas y difundidas.
Las autoridades
universitarias también fomentaron espacios de recreación estudiantil para la
realización de actividades culturales y la práctica deportiva. Estos elementos
eran considerados centrales para la "formación humanista integral" de
los jóvenes estudiantes. Respecto de las actividades culturales, las Memorias
de la universidad describen una cantidad no despreciable de eventos, actuaciones,
talleres sobre diferentes disciplinas, cursos de idiomas, muestras, concierto,
conformaciones de coro y grupos de teatro por facultad que tuvieron lugar en
las diferentes facultades y escuelas dependientes del rectorado.[38]
El estímulo del deporte
también tomó relevancia en el contexto de una política tendiente a lograr el
"desarrollo armonioso y pleno de la personalidad y el carácter".[39]
Laura Luciani[40] ha señalado la importancia de
la práctica deportiva en el ideal de juventud que proponían las FFAA. Las autoridades
jerarquizaron su lugar en la institución y promovieron clases de diferentes
disciplinas y también, competencias inter-facultades y universidades.[41]
El rector Lennon señaló que su gestión había
presenciado los más altos índices de participación estudiantil en actividades
deportivas subrayando que los estudiantes habían dado una respuesta
disciplinada. Si bien el acceso a las clases era arancelado y exclusivo para
los alumnos de las facultades[42],
las Memorias de la UBA dan cuenta de una numerosa asistencia y una activa
participación en las competencias. Desde las Direcciones de Deportes de las
áreas de Asuntos Estudiantiles del rectorado se organizaban torneos de las más
variadas disciplinas deportivas, y se fomentaba la participación en torneos inter-facultades
e inter-universidades.[43]
Las reuniones con los
jóvenes ingresantes o estudiantes sobresalientes y las actividades culturales,
recreativas, deportivas organizadas desde las facultades y el rectorado nos dan
muestras de una política activa hacia el estudiantado. No es posible
simplificar que la búsqueda por la despolitización de dicho claustro supuso un
total silenciamiento e inactividad. La búsqueda de constituir un estudiantado
desmovilizado incluyó estrategias que fueron desde la represión legal e ilegal,
el endurecimiento de los reglamentos disciplinarios conjugado con una
vigilancia continua de la vida universitaria, hasta un conjunto de medidas a
partir de las cuales estos jóvenes actores pudieran canalizar demandas e inquietudes.
Estos espacios estaban regulados y supervisados por las autoridades.[44]
Y una comunidad
subordinada también
Como mencionamos al
inicio del presente apartado, mientras que la modalidad de gobierno de las
universidades encontró acuerdo entre rectores y ministros,
el problema de la autonomía universitaria conllevó ciertos debates. De este
modo, el recambio acelerado de los primeros rectores civiles interventores en
la UBA estuvo vinculado con las diferencias que surgieron entre estos y las autoridades
nacionales, tanto de la cartera educativa como de la Junta de Gobierno.
Tales fueron los casos
de Alberto Constantini y Luis Cabral, quienes
señalaron la necesidad de preservar cierta autonomía respecto de la
administración de las casas de estudio. Esta demanda contradecía uno de los
pilares de la propuesta dictatorial para la universidad: la subordinación total
de las casas de estudio respecto del PEN. Es interesante abordar estas disputas
sobre la transformación de las casas de altos estudios en tanto nos permiten
apreciar la heterogeneidad del régimen dictatorial y de la existencia de
matices y concepciones diferentes entre los actores relevantes de la aplicación
de la política universitaria.[45]
Alberto Constantini fue el sucesor del delegado militar Said, desde
agosto de 1976. Según sostuvo, en el proceso de "reconstrucción de las
aulas" y la jerarquía académica de la UBA, la libertad (de expresión, de
investigación y creación en la cátedra) sería central.[46] Para él, la fuerza de la
Universidad residía en su independencia y autonomía. De este modo, aspiraba a
que "(...) el proceso de reorganización y normalización culmine en el
reconocimiento y vigencia de ese principio (...) que es el carácter esencial de
la institución."[47]
Al respecto era tajante, tan pronto como fuera superada la "amenaza
subversiva" había que "normalizar
la universidad".
Este punto no era
coincidente con el planteo ministerial. El ministro Ricardo Bruera
aclaró inmediatamente que se concebía "(...) a la universidad y a su
autonomía como elementos que pueden y deben integrarse dentro de una concepción
de la política nacional y consecuentemente de la política educativa" en
tanto planeamiento global que organizaba a las instituciones de "modo
coherente con el desarrollo nacional".[48] La cuestión de la autonomía se
constituyó como una disputa profunda entre Bruera y Constantini. Mientras la máxima autoridad educativa
repudiaba un modelo universitario basado en la autonomía de las casas de
estudio, para Constantini el proceso de destrucción
(y caída del nivel académico) de las mismas tenía que ver con el ataque de los
gobiernos a su autonomía, siendo 1945, 1966 y 1973 hitos claves del mismo.[49]
Las diferencias se
agudizaron cuando fueron publicados los lineamientos del MCE para el nuevo
"Sistema Nacional de Enseñanza Superior", donde quedaba de manifiesto
que el objetivo era la centralización de las definiciones de política
universitaria en el ministerio. La universidad se convertiría en una unidad de
ejecución, similar a los institutos terciarios. En función de estas novedades, Constantini no dudó en reivindicar las facultades de
auto-administración: "La universidad necesita indispensablemente, estructurar
por sí el planeamiento general de las actividades universitarias y determinar
la orientación general de la enseñanza, en función de las necesidades o
requerimientos nacional, regional o local."[50]
Este debate no se
limitó al intercambio de impresiones acerca de cómo debía concebirse a las
universidades. En los hechos cuando Constantini se
disponía a anunciar las nuevas condiciones de ingreso, el MCE ordenó que se
detuvieran las gestiones ya que se dictaría una normativa general. El rector
acordaba con la perspectiva general del "PRN" respecto del
crecimiento desmedido de la matrícula de la UBA producto del ingreso
irrestricto. En este sentido, coincidía en la necesidad de implantar el examen
de ingreso. Sin embargo, sostenía que los criterios y condiciones así como los
cupos debían fijarlos decanos y rectores.[51]
Las tensiones entre el
rector de la máxima universidad nacional y el ministro de educación acapararon
la atención de la prensa e incluso del presidente de facto Jorge Videla, quién
exigió un encuentro con ambos funcionarios para homogeneizar
criterios generales. A pesar de dicho acercamiento, el rector porteño no
asistió a las reuniones entre los demás rectores de las UUNN y Bruera donde se fijaron el número de ingresantes por
carrera, los criterios y condiciones de acceso al sistema universitario
nacional. En función de dichos sucesos, Constantini
presentó su renuncia. El ingeniero sostuvo que la autonomía académica y la
libertad de cátedra eran pautas básicas irrenunciables, y estas orientaciones
no eran compartidas por el MCE que obraba en pos de consolidar un sistema de
centralización, convirtiendo a las casas de altos estudios en "simples
unidades de ejecución".
El decano de la
Facultad de Derecho, José Luis Cabral, fue designado como rector en reemplazo
de Constantini en febrero de 1977. Al asumir sus
funciones decanales, se había definido como un defensor de la libertad de
cátedra y de la autonomía de la gestión universitaria, entendida como
"autarquía de la universidad".[52] Como rector, insistió en la
necesidad que tenía la universidad de gozar de dichos principios elementales,
pero que eso no implicaba que fuera una "ínsula".[53]
A mediados de 1978, el
Ministro de Educación Catalán (reemplazante de Bruera)
anunció que el sistema educativo sería reformado. Las "Pautas para la
Organización Académica de las Universidades Nacionales" disponían la
regio- nalización y la eliminación de las facultades
y carreras superpuestas.[54]
Esto provocó la reacción negativa de Cabral que resolvió, junto a los decanos
de la UBA, que esa institución estaba eximida de dar cumplimiento a la
resolución apoyándose en la autonomía. El rector sostenía que desde la
universidad porteña no podían admitir que se le impusiese el cumplimiento de
normas que "solo podrían encontrar justificación si se tratara de una casa
de estudios carente de la jerarquía científica y docente, de la tradición y del
prestigio".[55]
Ante esto, Catalán acusó al rector porteño de "lesión y desconocimiento
público de su autoridad" y le pidió la renuncia. Cabral se negó, entonces
el ministro procedió a "limitar sus funciones", lo que equivalía en
la práctica a dejarlo cesante. Ante esta polémica situación, el presidente de
facto Videla le pidió la renuncia al ministro y también, despidió a Cabral.
Entendemos que estos
conflictos permiten observar que para diferentes autoridades del MCE, la
autonomía universitaria constituía un obstáculo para el ordenamiento y la
"normalización" de los claustros, más que una meta a lograr. Los dos
primeros rectores civiles de la UBA durante la etapa dictatorial, en cambio,
consideraban necesario un margen de independencia académica e ideológica para
la realización de las tareas de estudio, enseñanza e investigación propias de
una universidad. Estas miradas contrapuestas se dieron a pesar de que ambos
funcionarios interventores habían sido designados por las autoridades de la
cartera educativa. En términos generales, coincidían con la necesidad de eliminar
la "amenaza subversiva" en los claustros y de
"redimensionar" el sistema universitario que había crecido
desproporcionadamente en los años anteriores. Sin embargo, no dudaron en
manifestar sus discrepancias en materia de administración y gobierno de las
instituciones universitarias. Por un lado, postularon la importancia de la libertad
de enseñanza e investigación, y por otro, afirmaron el papel que le
correspondía a la propia "comunidad académica" (claustro profesoral)
en la orientación de las asignaturas, ingresos y también en la apertura y
cierre de carreras, en contraposición a los planes de creciente centralización
de la política universitaria del MCE.
Estas diferencias
implicaron su alejamiento del rectorado de la universidad más importante de
Argentina. Desde el MCE no podía aceptarse tales discrepancias de criterios, su
exposición pública y el cuestionamiento abierto y directo a los planes de
"reordenamiento" y "re-dimensionamiento" del sistema universitario
diagramados. Asimismo, era nocivo que dichas críticas fueran efectuadas por las
máximas autoridades de una casa de estudios que tenía gran prestigio académico
y protagonismo político, y concentraba la atención de la prensa nacional.
La autonomía no solo representaba un obstáculo para el desarrollo de la
política universitaria nacional, sino también una bandera histórica de la Reforma
Universitaria. Como hemos sostenido, la "universidad reformista" era
vista como el espacio que estimuló la politización estudiantil, a la vez que
posibilitó la "penetración comunista".
Así, la ley 22.207
aprobada en 1980 sostenía que la universidad era una instancia administrativa
del gobierno, situación que ponía en evidencia la limitación a la autonomía.
Para el ex rector Constantini la dependencia era
total respecto del poder político ya que las autoridades eran elegidas por el
PEN.[56]
En debate con estas miradas, el Subsecretario de Políticas Universitarias
Sergio Ventura, sostenía que la universidad era autárquica en
tanto derecho administrativo, pero no autónoma como los estados soberanos.
Afirmaba: "(...) no creo que después de leído el proyecto alguien que
pueda pensar que interpreta los postulados de la reforma, que nació signada por
la revolución rusa del 17."[57]
Al respecto, el rector Lennon sostenía que era un
"hito histórico" que la nueva ley enterrara definitivamente la
reforma.[58]
La ley y sus voceros
explicitaban la noción de universidad que la dictadura había construido: una
institución que dependía directamente del gobierno nacional con la
intermediación de los funcionarios de la cartera educativa. La misma no podía
ni debía elegir sus propias autoridades,
aprobar su estatuto, definir sus planes de estudios y programas sin la
supervisión y autorización del PEN. Se trataba no solo de una casa de estudios
dependiente sino también jerárquica en la que los decanos debían responder al
rector, el rector al ministro y al presidente de la nación y donde las
posiciones de los demás actores universitarios tenían escasa relevancia o
ninguna como era el caso de los estudiantes. La
tradición reformista era borrada limitando cualquier rastro de autonomía y
confirmando la eliminación del co-gobierno. Así, la
universidad que buscaba dejar la dictadura era una institución de educación
superior reducida en su tamaño (matrícula estudiantil, plantel docente,
institutos, etc.), despolitizada y desmovilizada en la que
los
jóvenes argentinos
concurrieran
a sus
aulas exclusivamente a recibir formación para desempeñarse
como profesionales.
3. Un desafío a la dictadura: la
recuperación y re-significación de la tradición reformista
Hacia finales de 1981,
era evidente que la gestión de Roberto Viola (sucesor de Videla) no había
resuelto los problemas del régimen a través de sus propuestas moderadas
y
de diálogo político. La cuestión económica continuó agravándose y con ella la
movilización gremial continuó aumentando.[59] En diciembre de ese año, Viola
fue reemplazado por el Leopoldo Galtieri,
representante del ala dura de las FFAA. El 30 de marzo de 1982, en la
movilización "paz, pan y trabajo" convocada por la CGT-Brasil, se
concentraron múltiples sectores, incluidas las agrupaciones
universitarias. Fue una convocatoria sumamente numerosa y fuertemente
reprimida.[60]
Apenas tres días más tarde, el 2 de abril de 1982, Galtieri
anunció el desembarco en Puerto Argentino en las Islas del Atlántico Sur,
iniciando las acciones bélicas contra Gran Bretaña.[61]
En la UBA, el propio
inicio del conflicto implicó cambios fundamentales en la vida cotidiana de los
claustros. Esto se dio en un marco de gran efervescencia y movilización social
en respaldo (completo o parcial) a la intentona de recuperar las islas sureñas.
Ese clima de movilización también penetró los claustros, llevándose por delante
a las fuerzas de seguridad que vigilaban cada pasillo y a las autoridades
universitarias que velaban por el cumplimiento absoluto de los estatutos donde
la actividad política estaba prohibida. En las facultades de Ciencias
Económicas, Derecho, Ingeniería, Agronomía, Medicina, Ciencias Exactas,
Filosofía y Letras, los militantes aprovecharon la conmoción social para
instalarse físicamente en las facultades con sus mesas y algunos materiales,
incluso bajo la fachada de recolectar donantes de sangre para los combatientes
heridos.[62]
Aunque la vigilancia y
el control no desaparecieron[63],
las agrupaciones llegaron para quedarse y las autoridades no estaban
"preparadas" para contener dicha efervescencia. Coincidimos con
Pedrosa que la guerra resultó un disparador
para la política en la universidad más allá de la posición que se adoptara frente
a ella.[64]
Las comisiones pro centro que se reunían más o menos regularmente desde 1978 y
las agrupaciones utilizaron la coyuntura para blanquear su existencia,
ampliando el contacto con los estudiantes y ganando referencia entre ellos. El
espacio público volvió a incluir reuniones y debates. Con el anuncio de la
rendición incondicional de Argentina frente a las tropas británicas el 14 de
junio de 1982, este proceso no se interrumpió sino que se profundizó. Se inició
así una nueva etapa para la dictadura, la de la transición institucional
signada por una crisis en múltiples niveles y una ascendente movilización, que
amplió las posibilidades de los grupos opositores.[65]
El agotamiento del
régimen, reactivó las energías creativas y las actitudes disruptivas de los
jóvenes en la universidad, coincidiendo con las expectativas que concitó el
proceso de apertura política. La militancia estudiantil recuperó dinamismo
rápidamente y la participación se amplió considerablemente en un contexto de
politización y entusiasmo por una campaña electoral que iniciaba.[66]
Hacia fines de 1982 las
universidades se erigieron como uno de los escenarios de la protesta social.
Los servicios de
inteligencia y los miembros del CRUN expresaban su preocupación ante la
creciente movilización. Estos caracterizaban al accionar de las agrupaciones,
federaciones y comisiones era identificado como "accionar opositor"
ya que violaban la ley universitaria vigente y querían evitar su aplicación en
los claustros. Además propugnaban establecer "comités de reclutamiento y
agitación" para los partidos políticos, incluso alertaban sobre el
accionar "subversivo" que quería recuperar "la universidad de
1973": "facultades politizadas, verdaderos cuarteles de la subversión".
Un aspecto que preocupaba especialmente era
la instalación del "tema participación
estudiantil" ya que eso conllevaba el objetivo último de la recuperación
del co-gobierno que era contrario al modelo
universitario que las autoridades defendían. Frente a esto era necesario tomar
medidas para proteger a la juventud y las "conquistas" del
"PRN".[67]
En ese marco, desde el
MCE y el rectorado de la UBA apuraron el paso en el proceso de
"normalización".[68]
Con la realización de concursos docentes, se prosiguió con la conformación del
claustro docente que votaría representantes para el nuevo y restringido
gobierno universitario.[69]
El 15 de diciembre de 1982, el PEN autorizó el llamado a elecciones,
integrándose así los Consejos Académicos de las facultades, el Consejo Superior
y la Asamblea Universitaria.[70]
A partir de entonces, las decisiones que antes recaían exclusivamente en el
rector, pasaron a ser responsabilidad de este órgano colegiado conformado por
las autoridades designadas directamente por el PEN y profesores ordinarios
miembros de los Consejos Académicos de cada unidad.
Para la mayoría de sus
críticos, el objetivo de los concursos era uno solo: "establecer la
universidad del "Proceso" como un edificio^permanente,
metamorfoseando
la
realidad de facto en aparente
legalidad."[71]
Éstos denunciaban el proceso de "normalización" como una
"maniobra continuista" para garantizar la permanencia de los docentes
amigos del régimen y así, condicionar al próximo gobierno constitucional.[72]
Sostenían además que se buscaba dotar de un "barniz" de legalidad y constitudonalidad a una situación que se había configurado
bajo el gobierno de facto y la intervención de las casas de estudio. La FUA
sostenía que la: "(...) normalización pretende garantizar el continuismo,
condena a los verdaderos maestros de la juventud a que no accedan por muchos
años a la docencia universitaria, y se implementan concursos docentes
arbitrarios, ajenos a la participación de los claustros con la intención de
perpetuar a los servidores del proceso, incluso durante el ejercicio de un
futuro gobierno constitucional."[73]
Más allá de los escasos
espacios institucionales abiertos por la dictadura para la discusión de la
propuesta de ley, la circulación de la misma en los medios de comunicación
abrió otros espacios que posibilitaron un interesante volumen de debate entre
diferentes especialistas en materia educativa, políticos y ex funcionarios de
la cartera educativa e incluso militantes estudiantiles. Estas discusiones y
manifestaciones públicas se fueron multiplicando al momento del desarrollo de
los concursos. Después de la finalización de la guerra de Malvinas los
estudiantes avanzaron en articular cierta movilización y una de sus consignas
fue la nulidad de estos concursos. El cuestionamiento a estos concursos y el
"continuismo" dictatorial en la universidad sumado a la condena de la
educación restrictiva y elitista se articuló en una crítica global a la
política universitaria del
"PRN". Dicho planteo global se cristalizó en el cuestionamiento a la
ley universitaria como la expresión normativa del modelo universitario
impulsado por el MCE. En ese sentido, la movilización contra los concursos
docentes y la búsqueda de las autoridades de heredar una universidad "en
orden, jerárquica y de acuerdo a los valores cristianos occidentales".
Asimismo, el
cuestionamiento a la "normalización" como fin y a los concursos
como medio incorporó el "tema de la participación estudiantil" ya que
la ley establecía que el gobierno de la -UBA recaería exclusivamente sobre una
minoría de profesores titulares y las autoridades designadas por el PEN. A los
estudiantes les correspondía un lugar pasivo y secundario, adquiriendo
enseñanzas de sus profesores y aceptando los espacios cedidos para su expresión
(boletines, entrevistas, encuestas, etc.). Las agrupaciones estudiantiles
exigían ser escuchadas y obtener el lugar que ellos consideraban que al
claustro estudiantil le correspondía en la casa de altos estudios.
Ante la urgencia por
"acomodarse" a una transición nada amigable para los adeptos al
régimen, este proceso de institucionalización a través de la ley 22.207, el
estatuto, los concursos y la "normalización" implicaban un objetivo,
no necesariamente coherente ni mucho menos inmediato, de cristalizar y
prolongar un estado de situación de los claustros lograda: la desactivación del
accionar del movimiento estudiantil y de la efervescencia social radicalizada
hacia la izquierda; la desvinculación entre las agrupaciones estudiantiles y la
mayoría de los estudiantes; el achicamiento de las unidades académicas; y, el
recorte de contenidos "apátridas, no occidentales ni cristianos".
Así, se lograba la histórica meta de "enterrar" a la Reforma que
proponía una universidad autónoma y co-gobernada con
la participación de los estudiantes para construir una universidad jerárquica,
antidemocrática, dependiente (y obediente) del poder político.
A partir de las
críticas mencionadas, desde los diversos sectores políticos, se comenzaba a
articular a grandes rasgos un modelo alternativo de universidad. En este marco,
el rescate de la tradición reformista por una gran parte de la militancia
estudiantil fue central. La autonomía y el co-gobierno
con participación estudiantil eran dos de los pilares para construir una
universidad democrática en la que todos los miembros de la comunidad tendrían
espacio para la expresión. Solo así, afirmaban, se podría poner fin a la
universidad jerárquica, autoritaria y anti-democrática de
la dictadura. Observamos cómo ya para fines de 1982, el movimiento estudiantil
había generado un planteo global de oposición a la dictadura en materia
universitaria, y este, además se articulaba con el movimiento social y político
nacional que desde diferentes sectores bregaba por el fin de la dictadura y la
transición a un sistema democrático. La universidad debía ser democrática como
el nuevo gobierno, atendiendo al desarrollo nacional.
La
"democracia" como modelo opuesto a la "dictadura" era
colocada en un lugar central del debate político nacional y en la universidad
también. El ideario reformista focalizado
en
la modalidad de gobierno universitario funcionaba muy bien en dicha
construcción discursiva, la universidad reformista/democrática
era la que la dictadura había querido eliminar para
construir
una universidad autoritaria (represiva) y anti-popular. Entonces, el reformismo
fue
revalorizado
por
su
contenido democrático a la par que las ideas de
transformación radical/revolucionaria de la sociedad -y la universidad- perdía
espacio entre los discursos mayoritarios de las agrupaciones estudiantiles. La
transformación que se definía como urgente y necesaria era la democracia.
Vale destacar que a
diferencia de los casos de Rosario y La Plata[74], en Buenos Aires la
movilización estudiantil no logró que el proceso de concursos docentes se
detuviera ni impidió que se conformara un gobierno de una minoría profesoral y
otros funcionarios simpatizantes del régimen. Sin embargo, como hemos señalado,
la creciente movilización estudiantil (contra el "continuismo", el
ingreso restringido, el arancel) fue la que posibilitó la reconstrucción de los
centros de estudiantes a pesar de que la
normativa universitaria continuaba prohibiendo todo tipo de actividad gremial o
política.[75]
A lo largo del presente
artículo hemos abordado uno de los principales rasgos del proyecto
universitario de la última dictadura en Argentina: su anti-reformismo. En los
diagnósticos elaborados por las FFAA y las autoridades educativas, la Reforma
Universitaria de 1918 es localizada como el origen del proceso de infiltración
comunista en las universidades. En particular, la participación estudiantil en
el gobierno universitario promovía su politización y radicalización. La
universidad en tanto ente autónomo era un espacio propicio para la realización
de actividades subversivas, desorientando a la juventud y extendiendo el caos
social.
La universidad que se
promovía desde el MCE era una institución subordinada
al poder
político
nacional, donde este interviniera de manera directa para
sanear
y ordenar los claustros: aprobando contenidos, asignaturas, planes de estudio,
seleccionando a las autoridades, definiendo la contratación o el despido de los
docentes, así como también los criterios para ingresar en cada carrera.
A través de las
diversas normativas aprobadas a lo largo de la etapa, de la intervención civil
y militar
de
las casas de estudio, de los cambios en la estructura y el funcionamiento de la
UBA, se constituyó una institución subordinada, jerárquica y antidemocrática en
la que los estudiantes tenían espacios regulados para la
participación en la vida universitaria pero no
injerencia en los asuntos del gobierno.
Los estudiantes de la
universidad dictatorial no debían (ni podían) participar de las decisiones
sobre los asuntos universitarios, no podían desarrollar actividades políticas o
gremiales, no podían movilizarse ni organizarse bajo formas ilegales
(centros de estudiantes, agrupaciones, federaciones). La juventud universitaria
podía y debía realizar actividades culturales y deportivas aprobadas y
controladas por las autoridades universitarias. Allí, podían desplegar sus
energías e inquietudes.
Sin embargo, como hemos
desarrollado en este y otros trabajos, un sector de los
estudiantes
no se conformó con dichos espacios ofrecidos sino que generó redes y opciones
de participación y discusión más allá de las permitidas. Cuando el clima
político lo posibilitó, estas comisiones, revistas y agrupaciones volvieron a
desarrollar actividades públicas en las facultades planteando una serie de
críticas a la situación universitaria, que progresivamente se articularon en un
cuestionamiento a la política universitaria de la dictadura. En contraposición
a su modelo antidemocrático, jerárquico y subordinado al poder
político,
comenzaron a delinear un modelo de universidad democrática recuperando las
banderas históricas del reformismo: la participación estudiantil en el co-gobierno universitario, sin miembros seleccionados por
el PEN y sin la injerencia de este último en los asuntos propios de cada casa
de estudio.
A partir de lo
desarrollado es posible identificar dos procesos contrapuestos que se
entretejen en el pasado reciente de las UUNN. Por un lado, los avances
anti-reformistas de las autoridades interventoras. Por otro, la recuperación y
re-significación del reformismo como orientador de la resistencia contra el
modelo universitario de la dictadura. En ese sentido, es posible dejar
planteadas las limitaciones y obstáculos que la militancia estudiantil le
planteo al proyecto autoritario. Debemos dejar abiertos interrogantes para
profundizar en los sentidos y las
orientaciones con que las banderas reformistas fueron retomadas en el nuevo
contexto institucional y político en el cual los proyectos de transformación
radical de la sociedad fueron derrotados por el "Proceso de Reorganización
Nacional".
Fuentes
Documentales
Archivos
Abiertos, Centro de Documentos "Edificio Cóndor", Ministerio de
Defensa de la Nación. Poder Ejecutivo Nacional. Ley N° 21.276 "Prioridad
para la normalización de las universidades nacionales", Buenos Aires,
1976.
Archivos
Abiertos, Centro de Documentos "Edificio Cóndor", Ministerio de
Defensa de la Nación. Poder Ejecutivo Nacional. "Bases para la
intervención de las fuerzas armadas en el proceso nacional". Buenos Aires,
1976.
Archivo
Histórico de la UBA. Rectorado y Secretaría de Prensa y Difusión.
"Discursos, Comunicados de Prensa, de Ministros, Rectores y Decanos de la
UBA." Buenos Aires, 1974-1983. Archivo Histórico de la UBA. Rectorado: Memorias de la
UBA. Años 1979-1982. Buenos Aires, 19791983.
Resoluciones
Rectorales, 1974-1983. Secretaría de Coordinación del Consejo Superior de la
UBA.
Testimonios
Entrevistas
a Claudio Spiguel, Carlos Astarita,
Alberto Lettieri y Magdalena Frere
(2013), realizadas por los miembros del Programa "Universidad y
Dictadura" de la Cátedra Libre de DD.HH. de FFyL
y disponibles para la consulta en el Centro de Documentación del mismo nombre,
localizado en la sede Púan de dicha unidad académica.
Entrevistas
realizadas a Andrés Delich, Eduardo, Pablo Alabarces, Patricia Berrotarán,
Juan Pablo Paz, realizadas por Guadalupe Seia durante
2015. Buenos Aires.
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193-216.
[1] Este trabajo es fruto de Guadalupe Andrea Seia.
"La Universidad de Buenos Aires (UBA) entre la "Misión Ivanissevich"
y la última dictadura (1974-1983). Represión, "reordenamiento" y
reconfiguraciones de la vida estudiantil" (Tesis de Maestría en Historia
Contemporánea, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2016). La misma fue
desarrollada bajo la dirección del Dr. Pablo Buchbinder,
en el marco de la Beca Interna Doctoral financiada por el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
[2] Magíster en Historia Contemporánea (UNGS-Argentina). Becaria
doctoral CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Historia Americana y Argentina "Dr. Emilio Ravignani",
Universidad de Buenos Aires (UBA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Investigadora Becaria en
Proyecto UBACYT 200201301100187BA "Políticas públicas, universidad y movimiento
estudiantil: 1969-1985", Director Pablo Gabriel Buchbinder,
Programación 2015-2017, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Auxiliar docente en
la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Correo
electrónico: guadalupeseia@gmail.com
[3] Cf. Pablo Buchbinder, ¿Revolución en los
claustros? La Reforma Universitaria de
1918 (Buenos Aires: Sudamericana, 2008).
[4] Pablo Buchbinder, Historia de las universidades argentinas
(Buenos Aires: Sudamericana, 2010); Hugo Biagini, "La
cultura de la resistencia juvenil y el proceso emancipador", RHELA, No. 11 (2008); Andrés Donoso
Romo, "Constantes en los movimientos estudiantiles latinoamericanos:
aproximación a partir del caso chileno de 2011", RHELA
19; No. 28 (2017).
[5] Golpes de estado en Argentina durante el siglo XX: Uriburu gobernó entre 1930 y 1932, iniciando la llamada
"década infame" por el tipo de democracia fraudulenta que se desarrolló; entre
1943 y 1946 gobernaron de facto los generales Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell. En 1955, la segunda presidencia de Juan Domingo
Perón fue interrumpida por el golpe militar autodenominado como "Revolución
Libertadora" que gobernó hasta 1958. En 1966, tuvo lugar una nueva interrupción
al régimen democrático con la autoproclamada "Revolución Argentina", esta vez
instaurando la "dictadura burocrática autoritaria" de las FFAA hasta mayo de
1973. Finalmente, en marzo de 1976, tuvo lugar el último golpe de estado de la
historia nacional dando lugar al autodenominado "Proceso de Reorganización
Nacional" hasta diciembre de 1973. Cf. William, Daros, "Incidencias del proceso
histórico en el proceso educativo argentino", RHELA
16, No. 22 (2014); Laura Rodríguez, "Los ministros de educación en Argentina
(1854-2015): análisis de los perfiles profesionales de las élites políticas", História da Educação
21, No. 51
(2017).
[6] Cf. Juan Califa, Reforma
y revolución. La radicalización política
del movimiento estudiantil de la UBA 1943-1966 (Buenos Aires: EUDEBA,
2014); Guadalupe Seia, "Militancia, oposición y
resistencia estudiantil en la Universidad de Buenos Aires durante la etapa
final de la última dictadura (1981-1983)", Historia,
voces y memoria, No. 9 (2016).
[7] Ricardo Bruera (marzo 1976-mayo 1977),
Gral. Álvaro Harguindeguy (mayo-junio 1977 y
agosto-noviembre 1978), José Catalán (junio 1977-agosto 1978), Juan Llerena
Amadeo (noviembre 1978-marzo 1981), Carlos Burundarena
(marzo-diciembre 1981) y Cayetano Licciardo
(diciembre 1981-diciembre 1983). Los ministros civiles tenían en común entre sí
su relación directa con el ámbito universitario (egresados y profesores) y su
vinculación con círculos católicos tradicionales y jerárquicos de la Argentina.
Asimismo, todos ellos habían ocupado cargos durante la "Revolución Argentina".
Sobre las trayectorias de los ministros ver Laura Rodríguez, Católicos, nacionalistas y políticas educativas
durante la última dictadura (1976-1983) (Rosario: Prohistoria, 2001); Laura Rodríguez, Universidad, peronismo y dictadura. 1973-1983
(Buenos Aires: Prometeo, 2015).
[8] Paula Canelo, El proceso en su laberinto.
La interna militar de Videla a Bignone (Buenos Aires: Prometeo, 2009).
[9] Carolina Kaufamnn (dir.), Dictadura y Educación
(1976-1983), Tomos I y II (Buenos Aires, Miño y Dávila, 2001 y 2003); Gabriela Águila,
"La Universidad Nacional de Rosario en dictadura (1976-1983): depuración,
"normalización" y reestructuración institucional", PolHis, Año 7, No. 14 (2015); Laura Rodríguez
y Germán Soprano, "La política universitaria de la dictadura militar en la
Argentina: proyectos de reestructuración del sistema de educación superior
(1976-1983)", Nuevo Mundo, Mundos Nuevos
(2009); Víctor Algañaraz Soria, "Reestructuración
universitaria en clave autoritaria: política y accionar de los rectores de la
Universidad Nacional de San Juan durante la última dictadura militar
(1976-1983)", PolHis, Año 7, No. 14 (2015); Rodríguez,
Laura, Universidad, peronismo y dictadura.
1973-1983, op. cit.; entre otros.
[10] Marcos Novaro y Vicente Palermo, La dictadura militar. (1976- 1983).
Del golpe de Estado a la restauración democrática (Buenos Aires: Paidós, 2003).
[11] Pablo Buchbinder, Historia de las universidades argentinas, op.cit.;
Guadalupe Seia, "La Universidad de Buenos Aires (UBA) entre la "Misión Ivanissevich"
y la última dictadura (1974-1983). Represión, "reordenamiento" y
reconfiguraciones de la vida estudiantil", (Tesis de Maestría en Historia
Contemporánea en, IDH-UNGS, 2016).
[12] Fuerzas Armadas (FFAA), "El Terrorismo en Argentina" (Buenos Aires,
1979). También Cf. Ministerio de Cultura y Educación (MCE), Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a
nuestro enemigo (Buenos Aires, 1977); Estado Mayor General del
Ejército, Marxismo y Subversión. Ámbito
educacional (Buenos Aires, 1980); Gustavo Landívar, La Universidad de la Violencia (Buenos
Aires: Ediciones de Palma, 1980).
[13] "El Terrorismo en Argentina", op.
cit., (cita 12).
[14] "Subversión en el...", op.
cit., (cita 12).
[15] Cf. Pablo Buchbinder,
"Ley 14.557" en La Universidad en los debates parlamentarios,
eds. Pablo Buchbinder (Los Polvorines: UNGS, 2014).
[16] "El Terrorismo en Argentina", op.
cit., (cita 12).
[17] Tanto "El Terrorismo en Argentina" como "Marxismo y Subversión.
Ámbito educacional" incluyen un detallado mapa de las diferentes agrupaciones
estudiantiles, su vinculación con partidos y organizaciones revolucionarias, su
tendencia ideológica y las principales características de su accionar.
Asimismo, "El terrorismo..." y el citado libro de Landívar contienen un
detallado listado de eventos y acciones "terroristas" perpetradas en los
claustros o según sostienen por organizaciones "subversivas" pertenecientes al
ámbito universitario.
[18] "El Terrorismo en Argentina", op.
cit., (cita 12).
[19] Ibídem.
[20] Ibídem.
[21] Idem.
[22] Desde ese momento hasta fines de 1983, las máximas autoridades
fueron: Alberto Constantini (agosto 1976-septiembre
1976), Libertario Rabasa (septiembre 1976-febrero 1977), Luis Cabrai (febrero 1977-agosto 1978), Alberto Donnes (agosto 1978-noviembre 1978), Lucas Lennon (noviembre 1978-noviembre 1981), Alberto Rodríguez
Varela (diciembre 1981-diciembre 1982) y Carlos Segovia Fernández (diciembre 1982- diciembre 1983). Estos actores
civiles poseían una trayectoria en el sistema de educación superior y en la
propia casa de estudio porteña. Eran parte de los equipos docentes de las
facultades y varios se habían desempeñado como decanos, fundamentalmente
durante la intervención de la dictadura anterior. Sobre cada una de sus
trayectorias ver Guadalupe Seia, "Rectores de la
Universidad de Buenos Aires entre 1974 y 1983: curricula
vitae, discursos y comunicados de prensa. Estudio preliminar", Cuaderno 5, Programa Historia y Memoria
(Buenos Aires: UBA, 2014).
[23] Resoluciones N° 71-77; 85-89; 97-103; 113-115 (04/1976); 139-140,
142, 147 (30/04/1976); 162 (04/05/1976); 180 (05/05/1976); 185187 (07/05/1976); 194 (11/05/1976); 222 (12/95/1976); 224
(17/05/1976); 233 (17/05/1976); 279 (27/05/1976); 360 (31/05/1976); 376, 377,
383 (07/06/1976); 401-413 (11/06/1976); 422 (15/06/1976); 226 (16/06/1976); 455
(23/06/1976); 466 (25/06/1976); 474 (28/06/1976); 502 (02/07/1976); 503, 505
(05/07/1976); 517 (06/07/1976); 530 (12/07/1976); 602-604 (22/07/1976); 636,
638 (28/07/1976); 648 (30/07/1976); entre otras, Rectorado de la UBA, Buenos
Aires.
[24] Juan Pablo Paz (estudiante en FCEN y militante de la Federación
Juvenil Comunista) recuerda que durante el interrogatorio que le hicieron luego
de ser detenido en Ciudad Universitaria le mostraron un conjunto de fichas
escritas a mano con datos sobre su vida personal, académica y política en la
facultad. Entrevista a Paz, Juan Pablo, Buenos Aires, 26 de mayo de 2015.
[25] También se conoce que hubo 130 desaparecidos vinculados a la
Facultad de Arquitectura, 27 de la carrera de Psicología, 72 de la Facultad de
Ciencias Económicas, 70 desaparecidos de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales y 127 víctimas de la Facultad de Filosofía y Letras. Guadalupe Seia, "La Universidad de Buenos Aires (UBA) entre la "Misión Ivanissevich" y la
última dictadura (1974-1983)...", op.
cit., (cita 11).
[26] En el presente texto no focalizaremos sobre la faceta represiva ni
la política de "redimensionamiento" desarrolladas por la última dictadura a
nivel universitario. Cf. Guadalupe Seia, "La
Universidad de Buenos Aires (UBA) entre la "Misión Ivanissevich"
y la última dictadura (1974-1983)...", op.
cit., (cita 11).
[27] "Palabras del rector de la UBA en
la Carrera de Psicología" (Buenos Aires, 11/08/1976), Archivo Histórico de la
Universidad de Buenos Aires, A.
Constantini.
[28] "Palabras del rector de la UBA en
la Facultad de Agronomía" (Buenos Aires, 11/08/1976), Archivo Histórico de la UBA, Buenos Aires, A. Constantini.
[29] Anónimo, "La pelea por la nueva Universidad", Confirmado, Buenos Aires, julio, 1979,
14-18.
[30] Resolución UBA N°372 (04/06/1976); Archivo Histórico de la UBA, Rectorado, Memorias de la Universidad de Buenos Aires,
(Buenos Aires, 1979-1982).
[31] "Palabras del rector L. Lennon con los
alumnos de Agronomía", (Buenos Aires, 25/05/1979); "Palabras del rector con
estudiantes de Odontología, (05/06/19798); "Palabras del rector Lennon de la UBA" (10/5/1979); "Recepción de abanderados y
escoltas de facultades y carreras" (10/5/1979); "Palabras del rector con
estudiantes de Arquitectura", (22/06/1979); "Palabras del rector Lennon en la reunión con alumnos de la Facultad de Ciencias
Económicas", (24/10/1979). Archivo Histórico de la UBA, Dirección de Prensa y
Difusión "18 alumnos ingresantes se reunieron con el rector de la UBA, (Buenos
Aires, 21/05/1980); "Recibió el rector de la UBA a alumnos ingresantes
altamente calificados", (06/05/1981); "Palabras del rector en la reunión de
participación estudiantil", (Buenos Aires, 02/06/1981), Archivo Histórico de la
UBA, Buenos Aires.
[32] "Palabras del rector de la UBA, Dr. Lennon.
Recepción de abanderados y escoltas de facultades y carreras", (Buenos Aires,
10/5/1979), Archivo Histórico de la UBA.
[33] Resolución No. 429, Anexo I, Art. 99, (Buenos Aires, 01/09/1981),
Rectorado de la UBA.
[34] Cf. Guadalupe Seia, "Las Revistas
Estudiantiles en la Universidad de Buenos Aires durante la última dictadura
(1976-1983). Un estudio exploratorio sobre las prácticas culturales del
estudiantado universitario en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales",
(Ponencia presentada en el "I Coloquio de Historia de las Juventudes, La
Condición Juvenil en América Latina", Ciudad de México: UNAM, 2017); Guadalupe Seia, "El movimiento estudiantil de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) entre la Guerra de Malvinas y la salida democrática
(1982-1983). Un estudio de caso sobre la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales (FCEN)", (Ponencia presentada en el "IX Seminario Internacional
Políticas de la Memoria", Buenos Aires: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, 2016).
[35] "Memorias de la UBA. Año 1981", (Buenos Aires, 1982), Rectorado, Archivo Histórico de la UBA.
[36] "Memorias de la UBA. Año 1982", (Buenos Aires, 1983), Rectorado, Archivo Histórico de la UBA.
Desafortunadamente, no hemos accedido a esas gacetillas y boletines elaborados
desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles por lo cual no podemos ahondar
nuestro análisis ni avanzar hacia una perspectiva comparativa en relación con
las revistas estudiantiles de dicha facultad.
[37] En la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas se encuentran
para la consulta los siguientes números: 1 (noviembre de 1980); 2 (mayo de
1981); 3 (septiembre de 1981); 4 (diciembre de 1981); 6 (noviembre de 1982).
[38] "Memorias de la Universidad de Buenos Aires", (Buenos Aires,
1979-1982), Rectorado, Archivo
Histórico de la UBA.
[39] Marta Philp, "La Universidad Nacional de
Córdoba y la "formación de las almas". La dictadura de 1976" en Universidad Nacional de Córdoba. Cuatrocientos años de
historias eds. Daniel Saur y
Alicia Servetto, (Córdoba, 2013); Pablo Buchbinder, "La Universidad de Buenos Aires bajo la
dictadura: una aproximación a través del perfil, discurso y propuestas de dos de
sus rectores" (ponencia presentada en el XI Jornada de Sociología, Buenos
Aires, UBA, 2015).
[40] Laura Luciani, Juventud en dictadura: representaciones, políticas y
experiencias juveniles en Rosario: 1976-1983 (La Plata: UNLP- UNAM-UNGS, 2017).
[41] Ajedrez, atletismo, básquet, buceo, fútbol, esgrima, gimnasia y
aerobismo, hándbol, hockey, natación, pelota paleta, tenis, tenis de mesa,
rugby, tiro, vóley, vela, entre otras. Las memorias son muy minuciosas en
cuantificar cuántos estudiantes asistían a las prácticas deportivas, las
participaciones en torneo y los resultados obtenidos en cada una, destacando
las victorias y los podios alcanzados. En las resoluciones rectorales
observamos que todas estas actividades eran aranceladas y que los montos a
pagar se actualizaban periódicamente a la par que el resto de los aranceles
universitarios.
[42] Resolución N°105 (Buenos Aires, 31/03/1981), Rectorado de la UBA.
[43] "Memorias de la Universidad de Buenos Aires", (Buenos Aires:
1979-1982), Rectorado, Archivo
Histórico de la UBA.
[44] Esta política de generar actividades y espacios de expresión de
cierto sector del estudiantado no supuso la satisfacción de la totalidad de
inquietudes estudiantiles. Cf. Guadalupe Seia,
"Militancia, oposición y resistencia estudiantil en la Universidad de Buenos
Aires durante la etapa final de la última dictadura (1981-1983)", op. cit., (cita 16).
[45] Paula Canelo, El proceso en su laberinto.
La interna militar de Videla a Bignone, op. cit., (cita 6);
Laura Rodríguez, Católicos, nacionalistas y políticas educativas durante la
última dictadura (1976-1983) op. cit., (cita 6).
[46] Diario La Opinión,
Buenos Aires, 16/07/1976.
[47] "Palabras al asumir el cargo de rector de la UBA", (Buenos Aires,
06/08/1976), A. Constantini,
Archivo Histórico de la UBA.
[48] "Discurso de R. Bruera", (Buenos Aires,
06/08/1976), Archivo Histórico de la UBA.
[49] "Palabras del rector de la UBA en la Facultad de Arquitectura",
(Buenos Aires, 09/08/1976) A. Constantini,
Archivo Histórico de la UBA; "Palabras del rector de la UBA en la Carrera de
Psicología", A. Constantini,
(11/08/1976), Archivo Histórico de la UBA. Vale destacar que la fecha de 1945
es identificado con los inicios de las políticas del peronismo en el Estado
Nacional. 1966 es el año del golpe de estado perpetrado por Juan Carlos Onganía, cuando tuvo lugar la llamada "Noche de los
Bastones Largos". En cambio, 1973 es el año en que el peronismo accede al Poder
Ejecutivo a través del voto popular. Las tres instancias son asociadas con intervenciones desde el Estado a las casas de altos estudios.
[50] Diario La Opinión,
Buenos Aires, 29/08/1976, op. cit., (cita 46).
[51] Diario La Nación,
Buenos Aires, 06/09/1976, op. cit., (cita 46).
[52] La "libertad académica" incluía independencia para formular planes
de estudio y contenidos de materias, de enseñar sin arreglo a "verdades
oficiales", de decidir cuándo el alumno había adquirido la capacitación
suficiente y quién está en condiciones de ser profesor, de investigar
libremente.
[53] "Palabras del rector al asumir sus funciones" (Buenos Aires,
22/02/1977) L. Cabral, Archivo
Histórico de la UBA.
[54] Cf. Laura
Rodríguez, Universidad, peronismo y dictadura. 1973-1983, op.
cit., (cita 7).
[55] Diario La Prensa,
Buenos Aires, 30/08/1978, 8.
[56] "Editorial", Revista Criterio,
N°1799, Buenos Aires, noviembre de 1979.
[57] Revista Confirmado,
"La pelea por...", Año 14, N°497, 12 de julio 1979, 14-18.
[58] "Subcomisión No. 3", (Buenos Aires, 1980), Lennon en Comisión de Asesoramiento Legislativo,
Archivos Abiertos Ministerio de Defensa.
[59] Hacia fines de 1981, con la inflación de 200%, el PBI industrial
cayó 22% desde fines de 1980, mientras que el PBI global 9%. La desocupación
crecía y caían los salarios reales. Cf. Marcos Novaro
y Vicente Palermo, La dictadura militar, op. cit., (cita 10), 386.
[60] Hubo unos 2.000 detenidos. Revista Aquí
y Ahora, Año II, No. 28, (Buenos Aires, 1982).
[61] Diario La Nación,
03/04/1982, pág. s/d. Con el inicio de esta guerra se procuraba obtener un
importante capital político para un régimen cuestionado desde numerosos
sectores, así como también propugnaba reforzar la cohesión interna de las
FF.AA. y generar
otro
tipo de vínculo con la sociedad. En efecto, la noticia generó una notable
movilización a favor de la aventura bélica y un respaldo generalizado al gobierno
de la Junta Militar. Aquí nos concentraremos en las implicancias que tuvo el
desarrollo del conflicto bélico en la vida universitaria.
[62] Entrevistas a Alabarces, Eduardo, P. Berrotarán, A. Delich, Buenos
Aires, segundo semestre de 2015.
Mónica
Beltrán, La Franja. De la experiencia
universitaria al desafío del poder (Buenos Aires, Aguilar, 2013);
Laura Polak y Juan Carlos Gorbier,
El movimiento estudiantil Argentino (Franja Morada
1976-1986), (Buenos Aires: CEAL, 1994); Fernando Pedrosa, "La
universidad y los estudiantes frente a la dictadura militar" en Movimientos estudiantiles en la historia de América
Latina, eds. Renate Marsiske
(México: UNAM, 2002).
[63] Los servicios de inteligencia les acercaron a los rectores miembros
del CRUN un listado de las 12 principales agrupaciones que actuaban en las
universidades nacionales ante la "amenaza" de la conformación de los centros de
estudiantes en tanto "comités políticos". "Exposición de la Asesoría de
Comunicación Social acerca del accionar de la oposición política y del oponente
subversivo sobre el sector estratégico educativo", (Buenos Aires, 1982), Asamblea del Consejo de Rectores de Universidades
Nacionales (CRUN), Archivos Abiertos Ministerio de Defensa.
[64] Fernando Pedrosa, "La universidad y los estudiantes...", op. cit., (cita 62).
[65] Gabriela Águila, Dictadura, represión y
sociedad en Rosario, 1976/1983. Un estudio sobre la represión y los
comportamientos y actitudes sociales en dictadura (Buenos Aires, Prometeo, 2008).
[66] Cuando asumió como presidente Reynaldo Bignone,
se anunció la convocatoria a elecciones y el fin de todas las restricciones a
la actividad política.
[67] "Exposición de la Asesoría de Comunicación Social..." (Buenos
Aires, 1982), "Parte de Inteligencia 20/82", MCE (Buenos Aires, 1982), Asamblea
del Consejo de Rectores de Universidades Nacionales (CRUN), Archivos Abiertos
Ministerio de Defensa.
[68] Cf. Guadalupe Seia, "La búsqueda por la
institucionalización y 'normalización universitaria' de la última dictadura en
Argentina. Ley universitaria, nuevo estatuto y concursos docentes en el caso de
la Universidad de Buenos Aires (1980-1983)", Debate
Universitario 6, (2017).
[69] Resolución. N°1366, (Buenos Aires, 19/11/1982), Rectorado UBA.
[70] "Informe Secretaría Académica", Memorias
de la UBA 1982, Rectorado, Buenos Aires, 1983, 11, Archivo
Histórico de la UBA.
[71] Anónimo, "Concursos universitarios o las triquiñuelas del
continuismo", Revista Perspectiva
Universitaria, No.11,
Diciembre, 1982.
[72] En una línea similar se expresaron las agrupaciones Franja Morada,
Movimiento Nacional Reformista, Movimiento Reformista 15/6, Movimiento de
Orientación Reformista, LUCHA, Unión Nacional de Estudiantes, Movimiento al
Socialismo, Juventud Universitaria Peronista, Bloque Peronista, Movimiento
Independiente Universitario, entre otros. En ese número de la Revista Perspectiva Universitaria se
encuentran reunidos una gran variedad de posicionamientos estudiantiles sobre
la cuestión. Los medios de comunicación también daban cuenta que desde
diversas asambleas, agrupaciones y centros de estudiantes ya constituidos se
emitían documentos condenatorios de los
concursos y se exigía su suspensión (Diario Clarín,
26/11 y 22/12/1982; Diario La Voz, 23 y
26/11/1982; Diario La Nación, 05
y 15/12/1982).
[73] "Declaración de la FUA", RPU,
No. 11/12, (diciembre 1982-enero 1983): 94-95. En octubre, la misma
organización exigía la derogación de la ley, la suspensión de los concursos.
[74] En estas universidades sus rectores (que se habían mantenido a la
cabeza de dichas instituciones durante toda la etapa) se vieron obligados a
renunciar ante la creciente movilización estudiantil que exigía la eliminación
de los cupos.
[75] Cf. Guadalupe Seia, "Militancia, oposición
y resistencia estudiantil..", op.
cit., (cita 6).