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XII
Congreso internacional de la Sociedad de Historia de la Educación
Latinoamericana (SHELA) Universidad
Católica de Temuco, 17, 18, 19 de octubre de 2018 DECLARACIÓN DEL MONTE ÑIELOL
Rememoramos en esta
declaración los 100 años de la Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina, del
21 de junio de 1918, donde los estudiantes cordobeses se alzaron contra sus
propias autoridades universitarias reclamando un "gobierno estrictamente
democrático" y declararon, repugnados por una asamblea universitaria
vendida al mejor postor para elegir a un rector que automáticamente se vendía
al poder político, que "el demos universitario, la soberanía y el derecho
a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes".
Rememoramos en esta
declaración los 50 años de la matanza de Tlatelolco en México, acaecida el 2 de
octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco y mandada ejecutar por el presidente
mexicano Gustavo Díaz Ordaz: unos 400 trabajadores, docentes y estudiantes
asesinados por el Batallón paramilitar Olimpia, cuando defendían la autonomía
universitaria y solicitaban el fin de la represión del Estado contra los
estudiantes.
Rememoramos a todas y todos
los estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores de los sistemas
educativos; a todos los estudiantes muertos durante los gobiernos militares o
en matanzas como las de Iguala (2014) o Jalisco (2018), asesinados en defensa
de una educación más incluyente, más justa, integradora, democrática,
respetuosa, intercultural y capaz de convertirse en motor transformador de un
urgente y necesario desarrollo social humano y solidario.
Los
representantes de la educación superior que aquí nos damos cita, reconocemos que las
instituciones universitarias se originan, existen y se deben al conjunto de sus
sociedades: a las mujeres y los hombres que con los impuestos que nacen de su
trabajo, hacen posible el milagro de transformar la información en
conocimiento, de generar un pensamiento crítico que beneficia el desarrollo
social y sólo puede surgir en el marco de una autonomía universitaria
garantizada. En consecuencia:
Denunciamos que la fallida
autonomía universitaria ha sucumbido a la intrusión insoportable del poder
político. Mientras las universidades públicas no tengan garantizada su
independencia presupuestaria, no será posible frenar la injerencia del poder político
hacia dentro de las instituciones universitarias: es urgente, necesario,
imprescindible, constituir pactos nacionales en materia educativa que
garanticen la autonomía universitaria y den a las instituciones
universitarias instrumentos
eficaces
para ejercer esa autonomía. La universidad pública no es un apéndice del poder
político, no es una propina que se le otorga al ganador de las elecciones y no
es la fábrica de legitimación del currículo de los políticos: es una institución de
casi un milenio de existencia encargada de generar el pensamiento crítico
transformador de las sociedades. Y esto sólo puede hacerse manteniendo una
poderosa autonomía que proteja la institución de las injerencias de los poderes
fácticos.
Denunciamos la alianza
servil de las instituciones universitarias con los poderes políticos
y
económicos: se pliegan ante los primeros y se humillan ante los
segundos. La institución capaz de crear las armas cargadas de futuro que
transformen nuestro presente, aparece empequeñecida, representando y sustentando
intereses ajenos en lo institucional, pero muy propios en lo personal, por lo
que reclamamos como imprescindible, un régimen de incompatibilidades que impida
que
los
órganos unipersonales del gobierno universitario puedan utilizar la institución
universitaria como un trampolín que les ayude a alcanzar sus anhelos políticos
personales. Remarcamos que los gobiernos universitarios no son el poder,
gestionan el poder que sólo ostenta el
conjunto de la comunidad universitaria, de la que ellos son sólo sus fieles
administradores y transitorios depositarios.
Denunciamos que el modelo
neoliberal impuesto desde los poderes transnacionales y autoimpuesto dentro de las propias
instituciones universitarias, está generando modelos educativos donde los
estudiantes se han convertido en simples clientes que sólo tienen reconocido el
derecho a reclamar (y a menudo ni siquiera lo ejercen). Estudiantes excluidos y
autoexcluidos del sistema universitario, alienados, inmersos en un fenómeno de terciarización del sistema universitario, donde
pueden elegir un presidente del gobierno, pero su voto vale menos que el
de un docente de su propia institución para elegir a su propio rector.
Denunciamos la falta de
democracia dentro de unas instituciones universitarias caracterizadas por la
inexistencia de una mínima división de poderes y donde el poder ejecutivo asume
las funciones
legislativas y
judiciales, todo al tiempo.
Denunciamos que la educación
ha sucumbido a las teorías del "capital humano" demandando un
conocimiento para ser competentes en el mundo del trabajo y adquirir valor por
su capacidad de generar riqueza. El conocimiento, igual que la tierra y el
trabajo, se ha puesto al servicio del capital y recibe el trato de mercancías
comunes como si fueran un "cachivache" más (Fraser,
2012). Esta instrumentalización del conocimiento y la consideración de su valor
de uso nos
llevan
a sobrevalorar la información neutral o especializada, frente a
un conocimiento con sentido, formando a personas sumisas en los
marcos globales económicos. Este conocimiento no es el que nos da capacidad
para pensar, tomar postura crítica ante la vida y la sociedad y ser libres
intelectualmente: en palabras de la escritora Luisa Etxenique
"la cultura se convierte en una actividad de tiempo libre
y
no en lo que nos
hace
libres
todo
el tiempo"
Denunciamos que los modelos
neoliberales refuerzan una política credencialista
selectiva que va a impedir que el alumnado más vulnerable y con menos capacidad
económica acceda a las etapas superiores del sistema educativo (bachillerato y
universidad) y que todo el sistema educativo se ha vuelto un gran mercado,
donde entran las empresas a hacer negocio y se alimenta la competencia entre
centros, en pugna para llevarse al alumnado con mejores rendimientos, en lugar
de buscar la mezcla, la diversidad y la pluralidad que beneficia a toda la
sociedad.
Denunciamos que la
mercantilización de la sociedad, junto al patriarcado, realizan una unión
basada en la consideración de la educación, la cultura y de las propias mujeres
como mercancías, productos intercambiables, justificada bajo una falsa libertad
de elección individual, que oculta las diferencias de género, sociales y culturales.
La liberalización de servicios, como los educativos en la búsqueda de una
educación eficaz dirigida al empleo, tiene consecuencias para la formación de
una ciudadanía domesticada, la precarización y control de una profesión docente
muy feminizada y la sustitución de una formación igualitaria y plural para la
convivencia por una educación competitiva y sexista basada en la ética del más
fuerte.
Denunciamos el abandono de
la Función Social de la Universidad: lo que debería ser el sentido fundamental
de la propia institución, es su misión más desatendida: la
superioridad con que mira su entorno socioeconómico le aleja de él y exitosos
experimentos ya implantados en otros países, como el reconocimiento con títulos
universitarios a las y los trabajadores, de su experiencia profesional a través
de un catálogo de titulaciones profesionales, aún no son sino un lejano
proyecto. Los títulos universitarios se protegen procelosamente de la sociedad
extraña a la institución, pero se convierte en moneda de trueque con los
poderes políticos y económicos.
Denunciamos el modelo único
y excluyente de "calidad": Los modelos de calidad ni son regionales,
ni integradores, ni adaptativos, sino únicos, exclusivos y excluyentes: nos los
imponen como la panacea que gobierna las empresas privadas: modelos
anglosajones creados por el ejército británico y perfeccionados por las
empresas e instituciones estadounidenses, tras la implantación de las normas
ISO, "La Calidad" es un concepto finalista asimilado ciegamente por
todos los sistemas universitarios, que han asumido que
a)
El concepto es, per se, sinónimo de
desarrollo y los estándares de calidad que elaboran las autoridades se
constituyen automática e irrefutablemente en "una medida de calidad (y)
son tomados como indicadores para los planes de mejora en todas las
instituciones universitarias" y
b)
los estándares anglosajones son los
únicos verdaderos y válidos en los sistemas de acreditación y es necesario
priorizarlos sobre los modelos organizativos particulares que se adapten a las
realidades concretas de los propios sistemas universitarios.
Denunciamos la falta de
inversión en educación pública y en investigación y la necesidad de asegurar la
financiación de un modelo de educación superior verdaderamente democrático y
autónomo, que elimine desigualdades en el acceso a la educación superior,
fomente el desarrollo social de su entorno socioeconómico y posibilite la
permanencia y empleabilidad del talento.
Por
todo ello, RECLAMAMOS Y EXIGIMOS:
1.
Impulsar, proteger, reconocer
explícitamente y consolidar por parte de los gobiernos nacionales la Autonomía Universitaria
como garantía de generación de un pensamiento crítico y del consiguiente
fomento en el desarrollo de las sociedades iberoamericanas. La garantía de la
Autonomía Universitaria es la garantía de una educación basada en la
conformación de una sociedad igualitaria en la que alumnas y alumnos podrán
desarrollar un pensamiento libre para elegir con conciencia su destino y
convivirán en sociedad con dignidad y reconociendo a los demás como semejantes;
iguales y singulares.
2.
Fomentar y proteger la libertad y
autonomía del profesorado. La autonomía en educación, desde la Escuela Nueva o
los movimientos libertarios, ha significado innovación educativa y libertad
para tomar decisiones sobre el gobierno de la escuela. Y son los profesores y
profesoras con auténtica autonomía pedagógica, la clave para que se produzca el
cambio educativo. La profesionalización y mejora de la docencia fijarán el
objetivo en alumnos y alumnas y no en los intereses ideológicos de las
diferentes reformas.
3.
Iniciar procesos de democratización de
los gobiernos universitarios y sistemas de elección directa no
ponderada de los
gestores
de las instituciones universitarias, favoreciendo la presencia de mujeres en
los órganos unipersonales de gobierno de las instituciones universitarias.
4.
Potenciar y consolidar la educación
superior pública en Iberoamérica mejorando la cantidad de recursos en atención
a la mejora de la calidad educativa y al incremento de las matrículas de nuevos
estudiantes.
5.
Establecer mecanismos autónomos de
control y gestión de la eficiencia del gasto público que, dentro del sistema
educativo, aseguren la adecuada utilización de los recursos públicos y la más
absoluta
transparencia.
6.
Incrementar la inversión y reorientar la
misión de los centros de educación superior regionales favoreciendo su
especialización y vinculación con su entorno
socioeconómico inmediato.
7.
Consolidar el modelo de universidades
interculturales donde queden integrados en los
currículos, de manera transversal, la diversidad cultural como objeto
fundamental de estudio, de manera que los estudiantes conciban una visión
panorámica de la variedad cultural presente en el continente. Además, el
proceso de adaptación curricular debe permitir el desarrollo de estudios
compatibles con el origen y cultura autóctona de los estudiantes.
8.
Dar cumplimiento a los objetivos
previstos en la Declaración de Salamanca de 2005, en la que los Jefes de Estado
y de Gobierno valoraron la creación de un Espacio Iberoamericano de
Conocimiento (EIC) sobre el que la educación superior sustentaría su acción en
la investigación, el desarrollo y la innovación. Desarrollar, en este ámbito,
mecanismos de gestión y controles de la calidad propios, eficaces y adecuados
al contexto socioeconómico dentro de un proceso de Contextualización de los sistemas
de calidad de la Educación Superior Iberoamericanos.
Y para que
conste y sirva de inspiración y guía a los gobiernos iberoamericanos para el
necesario proceso de reforma de las instituciones de educación superior, firman
asistentes al congreso los abajo señalados, en el monte Ñielol,
Temuco, Chile. 18 de octubre de 2018.
Junta
Directiva Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana 2016 - 2020
Dr. Armando
Martínez Moya. Presidente, México
Dr. José Rubens
Lima Jardilino. Vicepresidente, Brasil
Mtro. José
Enrique Cortés Sic. Secretario, Guatemala
Dr. Pascual Mora
García. Tesorero, Venezuela
Dra. María
Lourdes Alvarado. Vocal, México
Dr. Justo Cuño
Bonito. Vocal, España
Mtra. Sandra
Liliana Bernal V. Vocal, Colombia
Expresidentes SHELA
Dra. Diana Soto
Arango, Colombia
Dr. Luis Celis
(+), Chile
Dra. María
Cristina Vera, Argentina
Dr. José Rubens
Lima Jardilino, Brasil
Dr. Pascual Mora
García, Venezuela
Presidente
del congreso
Dr. Juan
Mansilla Sepúlveda
Universidad
Católica de Temuco, Chile
continúan cien firmas...
Fuente:
Monte Ñielol. Temuco. Chile, 18 de octubre de 2018.
En este lugar se llevó a cabo lectura de la Declaración del Monte Ñielol.
XII
CONGRESO INTERNACIONAL, los días 17, 18 y 19 de octubre de 2018, Temuco -
Chile.