Competencia discrecional, Constitución Política y responsabilidad del funcionario público

Abstract

El funcionario público en ejercicio de sus funciones está facultado para
realizar todo aquello que la Constitución, la ley o el reglamento le autoriza,
pero si pese a ello debe optar por tomar decisiones que aún no las encuentra
en tal normatividad, amparado en el poder discrecional debe partir de los
motivos que le sirven de fundamento para buscar los fines de la
administración, que se concretan en el buen funcionamiento, mejoramiento
y desarrollo de la gestión estatal para la búsqueda del bien común. De ahí
que el funcionario que amparado en el poder discrecional cause daño o
menoscabo de derechos, debe responder penal, civil, disciplinaria y
fiscalmente, frente al Estado, la sociedad y el perjudicado con la decición
arbitaria.