La seguridad ciudadana como derecho esencial. El cambio de paradigma

Resumen

Colombia tiene problemas de seguridad, desbordados en todas las modalidades existentes: un conflicto armado interno, delincuencia de cuello blanco, además de organizaciones criminales que operan desde las esferas cibernéticas, otras con fines de narcotráfico y control territorial, pero además delincuencia común, se encuentra que los gobiernos han mantenido una política criminal sin sustento, basados en la represión y la prevención general como símbolo y sustentados en la doctrina del enemigo interno (Suescún, 2014), y el devenir del conflicto armado.  Actualmente, el país pasa por una transición del modelo político y económico que promete dar un enfoque distinto del manejo de la política criminal.

El presente trabajo pretende demostrar que la política de seguridad del Estado ha fracasado. Sostiene también que la criminología aplicada es la herramienta de tratamiento del crimen, el cual, permite explicar y establecer las causas, pero también los controles y tratamientos efectivos a los fenómenos criminógeno colombiano, del delincuente, de la víctima y del control social, para atender, de manera integral, los fines de la pena, y así el Estado pueda sustentar sus decisiones en materia de política y consecuente instrumentalización a través del Derecho Penal.

Para comenzar, se abordará el fenómeno de la seguridad desde una perspectiva histórica, con el objeto de exponer circunstancias y consecuentes acciones que han tomado los gobiernos colombianos. Acto seguido, se abordará el estado del arte de la política de seguridad, atendiendo a las conclusiones, opiniones y recomendaciones de los diferentes informes y estudios de las diferentes agencias privadas y públicas. Luego, con una mirada comparada entre la legislación de la unión europea y el colombiano, se evidenciaron las diferentes tendencias socio-políticas, con el objeto de concluir sobre la necesidad de la implementación de la criminología en el ordenamiento jurídico colombiano, como herramienta de fundamentación de la política criminal para atender la garantía de la seguridad ciudadana del Estado Colombiano.