Bases constitucionales del sistema penal con tendencia acusatoria en un Estado social de derecho

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Autores

Cándida Rosa Araque de Navas

Resumen

Este escenario es propicio para plantear algunos aspectos relacionados con
la constitucionalización del derecho penal como expresión categórica de la
vigencia de un auténtico Estado democrático de derecho centrado en la
dignidad humana, con la consecuente humanización de la administración de
justicia.
La Constitución de 1991 debe ser aplicada preferentemente en la actividad
judicial. Lo cual implica que este catálogo normativo pasó de ser fuente
formal a material del derecho, es decir, que las decisiones que se adopten en
cualquier clase de juicio o procedimiento, deben tener en cuenta la Constitución
–entiéndase integrada por el denominado bloque de constitucionalidad–, por
cuanto así lo estatuye el artículo 4 superior: “La Constitución es norma de
normas y prevalece sobre cualquier otra disposición que le sea contraria”.
Es precisamente esta situación la que originó una nueva lectura constitucional
del proceso penal: derechos y garantías al cenit del principio acusatorio y el
derecho internacional de los derechos humanos.

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